El allanamiento como actos de investigación que requiere autorización previa del tribunal para su realización.

Autor: Miguel Tarazona Vélez
El allanamiento como actos de investigación que requiere autorización previa del tribunal para su realización.

Aunque el Ministerio Público como titular de la acción penal y director de la investigación, tiene amplias facultades en el ejercicio de estas competencias (siempre sometidas al imperio de la Ley y al control judicial) existen ciertos actos de investigación que requieren la previa autorización de un tribunal, en el caso venezolano del tribunal de control, a los fines de poder realizarlos. Límite impuesto a la investigación penal, a los fines de garantizar ciertos derechos que con la ejecución de estas diligencias de investigación podrían ser violentados. Uno de estos actos de investigación es el allanamiento, protegiendo de alguna forma, la inviolabilidad del domicilio, contemplado en artículo 47 de la Constitución el cual contempla que:

El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo a la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano...

El allanamiento se encuentra regulado ampliamente en la norma penal adjetiva venezolana, el artículo 196 establece que "cuando el registro se deba practicar en una morada, oficina públicas, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del Juez o Jueza...". De igual forma el artículo establece dicha orden debe ser fundada, y se establecen varias normas para su práctica como lo son la necesidad de dos testigos que no tengan vinculación con la policía, y que de ser posible deben ser vecinos del lugar, y de encontrarse el imputado en el lugar, a garantizar el derecho a ser asistido.

Por otra parte, la misma norma establece cuales son los casos excepcionales en los cuales no se requiere una orden judicial siendo sólo dos:

1. Para impedir la perpetración o continuidad de un delito.

2. Cuando se trate de personas a quienes se persigue para su aprehensión. 

El contenido de la orden de allanamiento se encuentra regulado en el artículo 197 del COPP debiendo constar: el tribunal que la decreta, y la identificación del procedimiento que se ordena, la autoridad que practicará el allanamiento, el señalamiento del lugar o lugares a ser registrados, el motivo preciso para el que se ordena el allanamiento indicando los objetos o personas buscadas y las diligencias a realizar, la fecha y firma.

Otro aspecto importante es que las ordenes de allanamiento tiene una duración máxima de siete días, salgo que haya sido expedida por un tiempo determinado superior, de lo cual se deberá dejar constancia. El artículo 198 del COPP también establece normas para la práctica del allanamiento, estableciendo que ésta debe ser notificada a quien habite o se encuentre en el lugar, debiendo entregarle una copia de la orden escrita del juez.

El artículo antes mencionado faculta a quienes están practicando el allanamiento a utilizar la fuerza en el caso de que quien reside en el lugar se resiste, o en el caso de que nadie responda los llamados.

La inspección de personas como acto de investigación

Autor: Miguel Alberto Tarazona Vélez

La inspección de personas como acto de investigación

Uno de los actos de investigación, que desde mi perspectiva, ha sido utilizado de forma inadecuada e irresponsable, y de forma recurrente, por los órganos de policía es la inspección de personas y vehículos. Esta afirmación, no se hace de forma irresponsable y a la ligera, ya que, no sólo es un hecho público y notorio que los órganos de seguridad, realizan "operativos de seguridad" en los cuales practican inspecciones de personas de forma indiscriminadas, sin darse cumplimiento a lo establecido en la ley al respecto. Pero, a mi entender la situación se hace más grave, cuando a través de estas inspecciones, realizadas en contravención de la norma, se detiene e inicia un proceso penal a una determinada persona, proceso avalado por el Fiscal del Ministerio Público, e incluso, en algunas oportunidades, por los administradores de justicia, por lo que parece ser la teoría de la seguridad nacional, donde priman la seguridad por encima de los derechos.

Es debido a lo mencionado con anterioridad que se hace necesario dejar claro de qué se trata la inspección de personas como acto de investigación y qué requiere para que no esté afectada por una nulidad. Lo primero que se debe mencionar, es que ésta se encuentra establecida en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) el cual establece lo siguiente:

La policía podrá inspeccionar una persona, siempre que haya motivo suficiente para presumir que oculta entre sus ropas o pertenencias o adheridos a su cuerpo, objetos relacionados con un hecho punible.

Antes de proceder a la inspección deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado,pidiéndole su exhibición y procurará si las circunstancias lo permiten, hacerse acompañar por dos testigos.

De este artículo se pueden extraer que si bien la policía se encuentra facultada legalmente para realizar la inspección, esta puede realizarse sólo cuando exista un "motivo suficiente" para presumir que la personas que será objeto de la inspección está ocultando objetos que están relacionados con un hecho punible. Ello quiere decir que, para que los órganos de policía realicen la inspección se requiere que se cumpla alguno de estos dos supuestos: el primero sería que se está en la presencia de un delito en flagrancia, y el segundo es que realiza la inspección en relación con un delito investigado y se presume, de forma suficiente, que quien será objeto de la inspección tiene algún objeto relacionado con ese hecho punible. No entra dentro de los supuestos para la realización de la inspección de personas, la mera sospecha sin motivos, como lo podrían ser la apariencia física, una "actitud sospechosa", o la ejecución de un operativo de seguridad, ya que estas prácticas, y otras análogas, son consideras arbitrarias, e inclusive sancionadas de conformidad al artículo 178 del Código Penal, el cual contempla que: "El funcionario público que,con abuso de sus funciones, ordene o ejecute la pesquisa o registro del cuerpo de una persona, será castigado con prisión de uno a cinco meses."

Por otro lado, el artículo 191 del COPP en su primer aparte, contempla el procedimiento previo antes de realizar la inspección, siendo el artículo siguiente, el 192 eiusdem, el que establece otros requisitos para su realización.